A más de ocho meses de la captura del presidente Nicolás Maduro en un operativo militar de Estados Unidos en Caracas, Venezuela ha mostrado "mejoras limitadas" en la situación de los derechos humanos, pero el aparato represivo del país se mantiene "intacto", dijo la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela en un informe divulgado este miércoles.
Desde 2019, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció la Misión para evaluar las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas en el país desde 2014.
El reporte analiza los acontecimientos ocurridos en el último año en el país, teniendo en cuenta los cambios políticos tras la detención de Maduro por parte de EE.UU. y la llegada de Delcy Rodríguez al poder, quien asumió como presidenta encargada unos días después.
"Las instituciones estatales responsables de la represión, las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad siguen intactas", aseguró la misión de expertos que preside Sofía Macher Batanero.
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La Misión de la ONU habla de una "disminución significativa" de las detenciones de larga duración y de las desapariciones forzadas asociadas al ataque militar estadounidense del 3 de enero.
Desde la llegada de Rodríguez al poder, el Gobierno de Venezuela ha anunciado varias medidas relacionadas con las personas detenidas por motivos vinculados a hechos políticos, como las excarcelaciones, una ley de amnistía aprobada en la Asamblea Nacional y el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, entre otras, para "consolidar la paz de la República".
La Misión destaca los cientos de excarcelaciones de personas privadas de su libertad por motivos políticos, así como "un margen algo mayor" permitido para las protestas, las reuniones públicas y la participación de la sociedad civil. Hasta el 14 de septiembre, Foro Penal, la organización no gubernamental que registra y acompaña los casos de presos políticos en Venezuela, cuenta 1.073 excarcelaciones y liberaciones.
Lo que sucede con estos cambios, dicen los expertos, es que no se dieron a la par de reformas institucionales que deriven en mejoras "significativas y sostenidas" en la situación de los derechos humanos en el país.
"La reducción de algunas de las formas más severas de represión es significativa, pero de ninguna manera constituye una transformación del sistema que las hizo posibles,", dijo Macher Batanero.
Agregó que mientras no se desmantelen las estructuras represivas, se garantice la independencia judicial y se investigue y sancione debidamente a los responsables de violaciones de derechos humanos, "cualquier apertura seguirá siendo frágil y reversible".
En marzo, la Misión ya había advertido que las estructuras represivas "estaban mutando" para seguir en el poder.
Entre los cientos de personas detenidas en Venezuela por motivos políticos, la Misión de la ONU aseguró que siguieron documentándose "patrones de tortura y malos tratos", y mencionó casos reportados en el centro penitenciario de máxima seguridad El Rodeo I y en el Fuerte Guaicaipuro, ambos en el estado Miranda.
El reporte apuntó que entre el 1 de septiembre de 2025 y el 29 de julio de 2026, varias organizaciones de la sociedad civil registraron al menos 214 detenciones arbitrarias por motivos políticos, pero puntualizó que la gran mayoríaa (el 94 %) ocurrió en 2025, es decir, antes del derrocamiento y la captura de Maduro.
Foro Penal contabilizaba que 344 personas seguían privadas de su libertad hasta el 14 de septiembre. La misión de expertos estima que podrían ser hasta 500.
"Después del 3 de enero, la Misión identificó un patrón recurrente de arrestos arbitrarios de corta duración destinados a intimidar a activistas de la oposición, periodistas y otros actores de la sociedad civil", remarcó el informe.
María Eloísa Quintero, una de las expertas que integran la Misión, dijo que instan a las autoridades "a adoptar medidas decisivas para la rendición de cuentas y a establecer un marco de justicia transicional centrado en las víctimas".
Los expertos también agregaron que la falta de información oficial dificulta determinar con precisión quiénes han sido excarcelados, dónde se encuentran las personas detenidas y cuál es su situación jurídica.
Personas sostienen carteles y velas encendidas en una vigilia para orar por la liberación de los presos políticos el 14 de septiembre en Caracas. - MIGUEL GUTIERREZ/EFE/EFE
Además del informe, la Misión independiente de la ONU llevó a cabo una investigación específica sobre los colectivos venezolanos, grupos paramilitares que fueron utilizados históricamente por el Gobierno de Maduro para intimidar o atacar a partidarios de la oposición, como reportó CNN.
"Estos grupos constituyen un componente central del aparato represivo del Estado y de un sistema más amplio de gobernanza local y control social. Operan con distintos grados de apoyo institucional y, en numerosos casos, en coordinación, complementariedad o convergencia con autoridades estatales y fuerzas de seguridad", según la investigación de la Misión de la ONU, que este viernes se presentará ante el Consejo de Derechos Humanos.
Con base en entrevistas con víctimas, testigos e integrantes de colectivos y exfuncionarios estatales, además de en el análisis de documentación, la Misión concluyó que muchos colectivos participaron en abusos contra los derechos humanos después de 2014, lo que afectó la vida, la integridad física y la libertad de las personas.
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